Según informaron a Servimedia fuentes de la defensa, la petición del suplicatorio de Guerra implicaría al menos la paralización de la istrucción del sumario en más de 3 meses debido a los trámites que implica, ya que deberá ser solicitado por el juez a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ésta, a su vez, al Congreso de los Diputados, donde su concesión debe ser aprobada mediante votación.

Además, la defensa estima en su informe, remitido a petición de Barbero, que en las diligencias que el magistrado instruye por la presunta financiación irregular del PSOE no hay un sólo escrito, declaración o dato que haga referencia directa a Guera, por lo que considera que éste no debe ser llamado a declarar.

En todo caso, destacaron que aunque el juez no haga caso a estas alegaciones, el delito electoral que Barbero pretende imputar a Guerra ya ha prescrito, dado que su supuesta comisión data de 1989, por lo que no le puede procesar por ese motivo.

Por otra parte, el juez Barbero inició hoy una nueva ronda de comparecencias con la declaración de Francisco Mas Sardá, quien fuera presidente de Fomento de Obras y Construcciones (Focsa), epresa que pagó a Filesa 106.400.000 pesetas por un estudio.

Según fuentes jurídicas, durante su comparecencia de hoy como imputado, Mas Sardá se limitó á ratificar expresamente las declaraciones que ya hiciera en febrero del pasado año ante el juez Barbero como testigo.

Entonces, Mas Sardá señaló que uno de los administradores de Filesa, Luis Oliveró, se ofreció para realizar informes para la compañía sobre el mercado europeo, aunque precisó que él se limitó a trasladar esta oferta al director geeral de Saneamiento Urbano de la empresa, José Luis de la Torre Sánchez, ya que aunque él era el presidente, carecía de poder ejecutivo en Focsa.

De la Torre Sánchez, por su parte, deberá comparecer mañana como inculpado ante el juez Barbero. El directivo de Focsa también declaró ante el magistrado como testigo en febrero de 1993 y en aquella ocasión explicó que fue él quien autorizó el encargo y el pago del informe a Filesa, aunque dijo desconocer el paradero del dictamen.