Para ello, el ministerio público ha solicitado a la sala que le certifique la fecha en que dicha resolución fue notificada a las partes, como paso previo para la interposición del recurso.

La Fiscalía ha hecho esta petición en un escrito remitido hoy al tribunal en el que indica que solicita ese certificado "con la finalidad de interponer, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Costitucional" contra dicho auto.

Según las citadas fuentes, la fiscalía discrepa con la resolución de la Sala Segunda en cuanto a la valoración que ésta hizo sobre la prescripción de los delitos imputados por el fiscal a varios de los acusados.

Además, de acuerdo con estas fuentes, el ministerio fiscal también estima que el tribunal no ha abordado en su auto varias cuestiones planteadas por el fiscal del caso, Antonio Salinas, en el recurso que interpuso contra el auto que dictó el instructor de l causa, Enrique Bacigalupo, acordando sentar en el banquillo a sólo 7 de las 23 personas contra las que el fiscal había formulado acusaciones.

Contra dicha resolución, dictada el 22 de diciembre de 1995, también presentaron recurso las otras acusaciones personadas en la causa, el PP y el empresario José María Ruiz-Mateos, muchas de cuyas alegaciones fueron estimadas por la sala, la cual, sin embargo, rechazó en parte los argumentos del recurso del fiscal.

Por ello, según las citadas fuentes, el mnisterio público podría presentar el recurso de amparo alegando que con su resolución, el tribunal vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.

En su recurso contra el auto de Bacigalupo, el fiscal pidió que se mantuviese el escrito de acusación que elevó al instructor en octubre de 1995, en el que solicitó la apertura de juicio oral contra un total de 23 imputados, entre ellos el ex secretario de Finanzas del PSOE Guillermo Galeote, el ex diputado socialista Carlos Navarro y el senador del PSOE ose María Sala, para quienes reclamó 8, 24 y 7 años de cárcel, respectivamente.

El fiscal acusó a Galeote de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de otro de falsedad electoral; imputó a Sala dos delitos de falsedad en documento mercantil y asociación ilícita y acusó a Navarro de dos delitos de falsedad, otros dos de falsedad continuada, asociación ilícita, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Además, formuló acusaciones contra el ex presidente del Banco Cetral Alfonso Escámez y para el ex directivo del BBV José Antonio Sáez de Azcúnaga por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

PRESCRIPCION

Sin embargo, en su resolución del pasado diciembre, la sala decidió sentar en el banquillo a un total de 26 personas, dejando fuera a algunas contra las que el fiscal formuló acusación, como es el caso de los banqueros.

Además, decretó la prescripción de algunos de los delitos apreciados por el fiscal, como el delito electoral del que el minsterio público había acusado a Galeote y a Navarro, y que el instructor también había atribuído al ex interventor del PSOE en las elecciones de 1989 Ramón Moreda Luna.

Asímismo, el tribunal, integrado por el presidente de la sala, José Augusto de Vega, y los magistrados Ramón Montero y Luis Román Puerta, amplió los delitos que el fiscal había achacado a los imputados.

Así, en el caso de Galeote, el tribunal le imputó un total de 8 delitos, pero sin recoger ninguno de los que le había acusado el fscal; a Sala le acusó de otros 11 delitos, además de los dos que le imputó el fiscal; mientras que Navarro tiene que hacer frente a la imputación de 16 delitos, de ellos 4 de los que le acusó el fiscal.

Esta iniciativa de la fiscalía ha causado sorpresa en medios judiciales, que la calificaron de "insólita", al tiempo que señalaron que el recurso de amparo tiene pocas posibilidades de prosperar, dado que, en su opinión, el ministerio público no no ha agotado la vía ordinaria, mediante la presentación e un recurso de aclaración a la sala.

Sin embargo, otras fuentes indicaron que el plazo para la presentación de recursos de aclaración contra el auto de la sala ya ha concluído, por lo que, a su juicio, la única vía que le queda a la fiscalía es la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.