Según Rodríguez Arribas, "lo que no se puede pedir a un juez es que esté pendiente de todos los procesos políticos del país para que cuando dicte una resolución no se le pueda achacar que ha tenido alguna influencia en esos procesos políticos".

En caso contrario, indicó, "en un país en el que hay elecciones cada año, los tribunales tendrían que estar intermitentemente actuando en aquellos asuntos que tienen aluna resonancia política", lo que a su juicio "no es de recibo, ya que los jueces no tienen que mirar a ninguna parte más que a las pruebas y a los autos de los asuntos que les están encomendados".

No obstante, matizó que hay alguna circunstancia extrema en la que dictar una resolución judicial pudiera ser una imprudencia por peligro de alteración del orden público o alguna causa similar, "pero son casos absolutamente extremos", insistió.

Rodríguez Arribas señaló a Servimedia que sólo se podría acsar a un juez de influir en un proceso político cuando haya "indicios racionales suficientes para conocer que un asunto había sido intencionadamente retrasado para que coincidiera con un proceso electoral".

Por ello, dijo que sobre Barbero "se hace un juicio de intenciones absolutamente gratuito y sin el más mínimo indicio", ya que "por el solo hecho de la coincidencia de carácter temporal ya se sacan conclusiones con juicios de intenciones descalificatorios, sin que haya el más mínimo indicio".

PEO ESTILO

Respecto a la comparación hecha por el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre el juez Barbero y ETA, Rodríguez Arribas señaló que "ya nos tiene no acostumbrados, pero sí un poco resignados, a los ciudadanos este señor a sus inconteniencias verbales, que, además, no son exclusivas de él, aunque las suyas puedan tener un peor estilo y muchas veces no merece contestación".

Sin embargo, dijo que sí es necesario que la sociedad reaccione frente a esas maneras de actuar. "Unasociedad en la que se hace uso de fórmulas desgarradas y de tonos irrespetuosos y que no reacciona frente a esta situación, es una sociedad condenada a estar sometida a los más audaces y precisamente es la sociedad la que tiene que proteger a sus instituciones y, entre ellas, en primer lugar a las instituciones judiciales".

Finalmente, criticó también las afirmaciones de Rodríguez Ibarra sobre la falta de legitimidad de Barbero, diciendo que es un principio "absolutamente contrario a la Constitución" onsiderar que la legitimidad sólo procede de las urnas, ya que "la primera legitimidad, la gran legimitidad de la Corona, no viene de las elecciones y nadie negará que es una auténtica legitimidad".