Según estimaron fuentes de este organismo, los magistrados Ramón Montero, Eduardo Moner y Carlos Granados no tendrán tiempo material de entrar a analizar las cuestiones planteadas por las partes personadas en el caso ya que el tribunal extraordinario, encabezado por el presidente del alto trbunal, Pascual Sala, resolverá antes la cuestión de recusación, presumiblemente a favor de la sala cuestionada.

Las mismas fuentes manifestaron que "carece de fundamento" argumentar que Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puerta y José Augusto de Vega atacaran la independencia de Barbero al instarle a entregar un informe para pronunciarse sobre la conveniencia de tramitar la petición del suplicatorio a las Cámaras para proceder contra los parlamentarios socialistas querellados.

La reunión de la "sal del 61" (denominada así en virtud del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que los casos de recusación deben ser resueltos por un tribunal compuesto por el presidente del Supremo, los presidentes de sala y los magistrados de mayor y menor antigüedad de cada una de ellas) no será convocada por lo menos hasta finales de la próxima semana.

Hasta el próximo miércoles, Pascual Sala se hallará fuera de Madrid y ese mismo día deberá asistir al pleno del Consejo General del Poder Judiial, organismo que también preside.

De momento, la Sala Segunda aún no ha notificado a las partes la providencia en la que es designada la sala provisional que estará presidida por Ramón Montero, nombrado también ponente, por ser el de mayor antigüedad.

Montero, de 62 años, pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia y fue nombrado magistrado del Supremo en marzo de 1986. Con anterioridad ejerció como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que componía juno al actual presidente Siro García y el ahora vocal del CGPJ, Javier Gómez de Liaño.

Desde su llegada al alto tribuanl, donde se le considera junto a sus compañeros de sala "uno de los magistrados más sensatos", ha resuelto innumerables casos de entidad, entre ellos formando parte del tribunal que confirmó la condena de los policías José Amedo y Michel Domínguez y absolvió al Estado como responsable civil subsidiario de los atentados de los GAL, que no fue reconocida como banda armada.

Eduardo Moer, de 65 años, llegó al Supremo en 1987 después de haber sido juez decano de Valencia. No se le conoce filiación alguna en las asociaciones profesionales y entre sus casos más destacados en al alto tribunal figuran las diferentes causas abiertas por la expropiación de Rumasa.

Por su parte Carlos Granados, de 49 años, es uno de los de menor antigüedad en la Sala Segunda a la que llegó desde el gabinete técnico del alto tribunal hace apenas siete meses. Es uno de los fundadores de la Asociación Franciso de Vitoria, de marcado carácter conservador, y en la actualidad se ocupa de la instrucción del sumario abierto contra el diputado de HB, Rafael Díez de Usabiaga, acusado de colaborar con ETA por actuar de correo para los dirigentes de la organización.