Entre los perjudicados están pescadores, mariscadores, acuicultores, particulares y administraciones públicas. Sólo diez de las catorce cofradías de pescadores afectadas reclaman conjuntamente casi 5.000 millones de pesetas por daños y otro tanto por perjuicios ocasionados por el siniestro.

Los afectados afirman encontrar muchas dificultades para que el fondo internacional encargado de las indemnizaciones por contaminación dehidrocarburos (FIDAC) acepte las pruebas que presentan para justificar los daños sufridos.

El capitán del petrolero griego y el práctico del puerto coruñés que estaba de guardia en la madrugada del 3 de diciembre del 92 están acusados de sendos delitos de imprudencia temeraria.

Como responsables subsidiarios están, a petición de los perjudicados, el Estado español, la empresa Repsol, a la que iba destinado el cargamento vertido al mar, y la casa armadora del buque.

Un portavoz de la coordinaora que agrupa a la mayoría de las cofradías afectadas celebró que ya esté fijada la fecha para comenzar la vista, aunque mostró su temor ante posibles tácticas de demora y obstrucción desde el FIDAC para dilatar el proceso.