FIJADA PARA JUNIO LA VISITA DE LA DELEGACIÓN EUROPEA QUE INSPECCIONARÁ LAS OBRAS DE LA M-30 -IU pedirá mañana al Gobierno municipal que explique lo que está haciendo tras el expediente abierto por Bruselas
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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha fijado para el próximo mes de junio la visita que realizará a Madrid una delegación de eurodiputados para inspeccionar las obras de la M-30 que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid.
La decisión, adoptada ayer por la Comisión de Peticiones, fue anunciada hoy por el presidente de esta Comisión, Marcin Libicki. La delegación que visitará Madrid para recabar información sobre la reforma de la M-30 estará compuesta por tres eurodiputados.
Libicki informó que, si bien es cierto que la Comisión Europea no se ha pronunciado todavía sobre las obras de la M-30, el envío de esta delegación se había decidido porque los procedimientos de infracción pueden durar uno o dos años.
Sobre este asunto habló esta mañana la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, quien explicó en rueda de prensa que están trabajando con grupos de expertos y colectivos que comparten el análisis de IU sobre el proceso de la M-30 para trasladar sus opiniones a los eurodiputados que visiten las obras en junio.
Indicó que en este marco, su grupo presentará mañana, miércoles, al Pleno del ayuntamiento una interpelación para que el Gobierno de Gallardón explique las actuaciones llevadas a cabo y que tiene previsto realizar el consistorio tras el expediente abierto a España por la falta de declaración de impacto medioambiental en la reforma de la M-30.
"Nos importa mucho que venga la delegación europea para que haga sus recomendaciones en relación con las obras", dijo Sabanés, que volvió a reclamar la elaboración de un estudio de impacto ambiental sobre la reforma, la suspensión cautelar de las obras en marcha para adaptarlas a la normativa europea y que no se inicien las obras previstas que todavía no han comenzado.
Sabanés, que recordó los expedientes abiertos por la Confederación Hidrográfica del Tajo y por otras instancias y las más de 20.000 firmas de los vecinos contra las obras, exigió al Gobierno central, autonómico y local que reconozcan la gravedad de que España, por la actuación del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, "se salte una normativa comunitaria que es de garantías, que afecta a los ciudadanos y que tiene unas consecuencias brutales".
(SERVIMEDIA)
25 Abr 2006
NLV