Según informaron a Servimedia fuentes de la investigación, este es el primer aso de posible delito fiscal que se denuncia en Granada, en los últimos años.

El Ministerio Público estableció para la pareja una fianza de 50 millones de pesetas, que deberán abonar para evitar ir a la cárcel.

El matrimonio, que realiza su actividad empresarial en Santa Fe, donde disponen de gran número de propiedades, está acusado de cometer diversas irregularidades en sus declaraciones de la renta de los años 1986, 1988 y 1989.

Según el informe remitido por Hacienda, los implicados dejaro de ingresar a las arcas del Estado una cifra próxima a los 60 millones de pesetas, ya que no declararon diversas plusvalías.

Asimismo, los inspectores descubrieron que no reflejaron con exactitud activos financieros y, además, ocultaron pagarés del Tesoro que poseen, entre otros supuestos delitos.

Arturo Gómez Pardo, fiscal de la Audiencia granadina, fue el encargado de interponer la querella ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa Fe, al que corresponde la instrucción del caso.

La inestigación partió de la Delegación de Hacienda Especial de Sevilla y, una vez finalizada, trasladaron toda la documentación a la Fiscalía de Granada, que se hizo cargo del informe y ordenó la interposición de una querella criminal.

Al matrimonio de empresarios le responsabilizan de un presunto delito contra la hacienda pública tipificado en el artículo 349 del Código Penal, que se sanciona con una pena de prisión menor de 6 meses a 6 años de cárcel y una multa que alcanza seis veces el cálculo de lo dfraudado.