A juicio de Fiapas, la nueva reglamentación que prevé el MEC con el real decreto de Ordenación de la Educación de los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, legisla obviando derechos fundamentales de los padres y negando los apoyos necesarios y suficientes para que la educación de ls niños y jóvenes con discapacidad auditiva sea la adecuada y tenga la claridad que requiere su más completo desarrollo y la preparación para su posterior inserción laboral y social.

"La política del MEC", señala Fiapas, "no es otra cosa que el resultado natural de un habitual modo de hacer por parte de una Administración educativa que legisla al margen de las demandas que plantean los padres, no sólo con la falta más absoluta de consideración y respeto a lo que representa la familia en el proceso eduativo, escolar y habilitador de los hijos -más aún de los hijos con una discapacidad, auditiva en nuestro caso-, sino también atentando contra derechos fundamentales de los padres y negando los medios necesarios para que la educación de estos niños y jóvenes sea la adecuada y tenga la calidad que requiere su más completo desarrollo personal y la preparación para su posterior inserción laboral y social".

Finalmente, Fiapas considera que esta legislación carece "de toda visión global y positiva sobre lo alumnos con discapacidades, qusurpa a las familias el derecho a decidir el modelo de educación que desean para sus hijos y sitúa al alumno en función de la Administración educativa, cuando, contrariamente, es ella quien debe estar al servicio del alumno".