Fernández Ordóñez dijo, en declaraciones a Servimedia, que la liberalización del suelo eliminaría la "tremenda lentitud en las adjudicaciones" y contribuiría a fomentar la competencia, aspecto éste último beneficioso para bajar los precios no sólo del suelo sino de muchos servicos que se ofrecen a los ciudadanos.

A su juicio, la liberalización mantendría en manos de los poderes públicos la fijación de unas normas comunes de urbanización (zonas verdes, protección medioambiental, altitud máxima permitida), pero el particular podría edificar sin permiso previo.

Miguel Angel Fernández Ordóñez manifestó que la actual legislación consagra la separación entre el derecho de propiedad y edificación, y así "no hay nada que hacer" para facilitar la construcción de viviendas. En ese sentido, solicitó un cambio de las normas españolas para armonizarlas con la mayoría de países europeos.

"En España, todo el suelo es rústico mientras no se diga lo contrario y esto obliga a funcionar a golpe de plan de ordenación urbana cuando se quiere llevar a cabo cualquier construcción", aseguró.

La Comisión de Expertos constituida hoy fue creada a principios de noviembre de 1993 tras un enfrentamiento entre Carlos Solchaga, portavoz parlamentario del PSOE, y José Borrell, ministro de Obra Públicas, sobre este tema. Borrell acusó a Solchaga de tener "delirios liberales".

Los 35 expertos que la componen pertenecen a diferentes estamentos de la Administración central, de las autonómicas y locales, así como a las diferentes asociaciones patronales de este sector.

El presidente es Jesús Málaga, alcalde de Salamanca y entre sus miembros destacan Mariano Aisa, presidente de Seopan, Rita Barbera, alcaldesa de Valencia; Francisco Borja, director general para la Vivienda, el Urbanismo y laArquitectura; Juan de Orbaneja, presidente de la Asociación Nacional de Urbanizadores; y Julio Rodríguez, presidente del Banco Hipotecario.