Mientras Amnistía Internacinal recuerda que sólo en 1991 el Gobierno chino ejecutó a más de 1.000 personas, el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, aseguró que "España defiende sus intereses no rechazando esta visita".

En unas declaraciones efectuadas a la cadena Ser, Fernández Ordóñez reconoció que la cuestión es controvertida, pero matizó que los intereses de España cn China "son crecientes" y que las relaciones "se han acrecentado con uno de los grandes países del mundo".

El Partido Popular condenó a través de un comunicado la iniciativa del Gobierno al invitar a Li Peng y concederle un importante crédito, "ya que no puede servir de excusa ni el pretendido interés comercial ni el hecho de que el primer ministro haya visitado otras capitales europeas; también ha sido rechazado en otras".

En un comunicado, el PP manifiesta que China sigue siendo una dictadura omunista, encarnando el régimen en su máxima dureza, y recuerda que la matanza de Tiananmen "y otros numerosos actos de represión contra las libertades y denegación de los derechos humanos están en la mente de todos".

"Cuando los sistemas comunistas están desapareciendo en el mundo, merced a los esfuerzos de los pueblos que los padecen, recibir y dar impulso a un líder de un Gobierno que protagonizó aquellas matanzas puede parecer una ofensa a quienes expusieron sus propias vidas para defender la demoracia", dice el PP.

Este rechazo ha sido compartido por Nuevas Generaciones, que hoy convocó a afiliados y simpatizantes a una concentración ante la embajada de la República Popular China en Madrid.

Asimismo, el secretario general del CDS, Antoni Fernández Teixidó, mostró su "preocupación" por la llegada del mandatario chino y opinó que "las valoraciones de la visita pueden ser las que se quieran, pero nosotros creemos que en ningún caso los intereses puedan primar por encima de los principios". Fernández Teixidó señaló que, aunque desconoce "las claves políticas para que España atienda este viaje", su partido lo encuentra "de muy difícil justificación".

"China tiene gravísimas cuentas pendientes con los derechos humanos fundamentales", dijo, "y a los demócratas nos resulta imposible olvidar la muerte de estudiantes chinos reclamando la libertad en la plaza de Tiananmen".

MIL EJECUCIONES EN 1991

Por otra parte, Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno español "que enfatice nte el primer ministro chino que los derechos humanos son una obligación internacional ineludible y, al menos, tan importantes como las relaciones comerciales" y que solicite la libertad de 4 presos de conciencia por los que trabajan grupos españoles de la organización.

Coincidiendo con esta visita, la asociación hizo público un informe en el que afirma que más de mil personas fueron ejecutadas en China durante 1991, muchas veces "tras juicios sumarios", y que la mayoría de los condenados son exhibido al público antes de matarles.

Según el informe de la organización internacional, las autoridades chinas realizan una campaña en la que aseguran que no hay presos políticos en su país y que no se condena a nadie por opiniones políticas disidentes, "cuando miles de personas son sometidas a 'reeducación por el trabajo' sin recibir juicios con las debidas garantías legales".

"Pese a la aparente nueva voluntad mostrada por las autoridades chinas durante el último año de discutir asuntos de derechos hmanos con gobiernos extranjeros, éstas han continuado sin que se hayan producido mejoras significativas", afirma AI.

La organización recuerda que en el Tibet continúan encarcelados al menos un centenar de presos de conciencia, mientras que un número indeterminado de personas permanecen detenidas en otros puntos del país por su conexión con las protestas en favor de la democracia.