En una conferencia titulada "Nueva economía, nuevos mercados, nueva riqueza", Fernández-Armesto afirmó que "deberíamos ser capaces de aprovechar el momento de bonanza económica que vivimos para embridar la revolución tecnológica, regular los mercados financieros, minimizr los costes en la empresa, maximizar la creación de riqueza y distribuirla más racionalmente".

A su juicio, el momento actual es una "segunda belle époque", entre otros factores por la uniformidad ideológica en torno a los conceptos de democracia y economía libre de mercado.

Otros factores positivos que mencionó son la adopción generalizada de políticas macroeconómicas de reducción de los déficits públicos, presupuestos equilibrados, bancos centrales independientes y privatización de empresas púlicas. "La historia demostrará que son estas políticas y no la revolución tecnológica la principal causa de la bonanza económica", indicó.

En cuanto a los mercados financieros, destacó la acuñación de un principio fundamental: la convicción de toda empresa cotizada de que su máximo deber es la creación de valor para el accionista. "Si quieren ser competitivas, si quieren mantenerse independientes, las empresas españolas tienen que tener, como primera meta, maximizar el precio de sus acciones", afirmó.INCENTIVOS CON ACCIONES

Tras considerar fallido el sistema de cogestión basado en la participación de los trabajadores en los órganos de gestión de las empresas y plantear que la creación de valor se ha convertido en un criterio básico de gestión empresarial, Fernández-Armesto expresó su preocupación por el efecto que el proceso de acumulación de riqueza en manos de los accionistas puede tener sobre la distribución de riqueza en nuestra sociedad.

A este respecto, planteó la siguiente propuesta:"Si queremos que la nueva riqueza mejore el nivel de vida de una amplia capa de ciudadanos, tenemos que favorecer que las empresas españolas sean propietarias de acciones y muy especialmente de las acciones de las empresas en las que trabajan".

"Si bueno es invertir en acciones, mejor es hacerlo en el capital de la empresa en la que uno trabaja, porque esta práctica, además de favorecer la justicia distributiva, añade una ventaja adicional: alinea los intereses de empleados y accionistas, resolviendo sí el conflicto de intereses históricamente consustancial a toda empresa", continuó.

Partiendo de este planteamiento, se manifestó decididamente partidario de planes que incentiven la participación de directivos y empleados en las sociedades cotizadas, aunque matizó que "todo sistema de remuneración basado en el valor de las propias acciones debe ser aprobado por los accionistas y debe ser transparente, hasta el punto de individualizar la participación de cada consejero o director general".

En cunto a las características ideales de un plan de incentivos con acciones, afirmó que "debe abarcar a todos los trabajadores; debe ser razonablemente proporcional a la remuneración fija; debe alinear los intereses a largo plazo de accionistas y empleados y debe fidelizar a los trabajadores y directivos".