Fernández Armesto, que acudió a las jornadas sobre 'Privatizaciones y Política Económica' organizadas por el diario económico "Cinco Días", Argentaria y Coopers & Lybrand, dijo que existen varias tareas de las entidades de banca universal que confluyen en las privatizaciones.

Entre ellas citó la de ser accionistas ya de las empresas que se están privatizando o gestionar carteras ajenas con títulos de esas compañías, al mismo tiempo que elaboran inormes que aconsejan la compra de las acciones que salen al mercado, y también figuran en los sindicatos que han de asegurar la colocación de los títulos, con el consiguiente interés en la fijación del precio.

Opinó que las entidades bancarias deberían autolimitarse en las operaciones de privatización para evitar el uso de información privilegiada y abogó por la elaboración de códigos de conducta de los bancos que incluyan lo que calificó como 'murallas chinas', cuyo objetivo es impedir la contaminació de información entre un área y otra de actividad en el seno de las entidades.

A su juicio, el proceso de privatizaciones debe ser algo más que la salida del Estado del accionariado de las empresas, y dijo que el proceso debe asegurar no sólo la eliminación del doble papel del sector público como accionista y regulador, sino también asegurar el buen gobierno de las compañías una vez privatizadas.

En éste sentido, empleó como ejemplo el proceso llevado a cabo en Telefónica, donde la salida definitva del Estado se acompaña de unas reformas en el consejo de administración tendentes a asegurar el equilibrio de fuerzas entre los responsables de la empresa, los accionistas de referencia o 'núcleos duros' y los consejeros independientes en representación de los minoritarios.

Como parte de ese equilibrio, esbozó un esquema en el que un consejo reducido -entre 9 y 18 consejeros- tenga tareas concretas, y que frente a la figura del presidente ejecutivo exista el contrapeso de un consejero, de entre losindependientes, con rango de vicepresidente o consejero delegado y que actúe como líder de su grupo.

De hecho, expresó la voluntad de la Comisión de Valores de impulsar un movimiento general en este sentido y anunció que este organismo creará una comisión que diseñe un 'Código para el Buen Gobierno de las empresas cotizadas'.

La idea, dijo, es que dicho código no sea de obligado cumplimiento, pero sí que las empresas informen anualmente si lo están aplicando o no.