En el manifiesto, la Femp recuerda "hay que seguir haciendo hincapié en el compromiso del municipalismo con un sistema democrático que configura España como un Estado de Derecho" y "propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Asimismo explica que estos 46 años desde la ratificación de la Constitución "han supuesto el nacimiento y consolidación de la España de las autonomías, que representa el proyecto descentralizador del poder político más importante de la historia de España". Un tiempo que también ha servido para "fortalecer el papel de los gobiernos locales" que "forman parte de la cohesión territorial".

En el escrito, los representantes de los ayuntamiento recogen su compromiso con seis principios relacionados con la Carta Magna que pasan por subrayar "la importancia del artículo 142 de la Constitución, que establece que las entidades locales deben disponer de recursos económicos suficientes para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades"

Recursos que "deben provenir tanto de la participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, como de sus propios recursos obtenidos en función de su actividad y capacidad económica", lo que ratifica que "las entidades locales tienen el derecho y la necesidad de contar con autonomía financiera".

Además en la Federación entienden la Constitución como "una norma fundamental del Estado" que "garantiza la autonomía política de los municipios" y señalan que "la provincia, como indica el artículo 41 de la Constitución, es una entidad local con personalidad jurídica propia y autonomía de Gobierno que permite tomar decisiones locales dentro del marco legal y constitucional del país".

Finalmente, comparten el "el espíritu de tolerancia y solidaridad que emana de los valores constitucionales" que "salen a relucir en los momentos más difíciles" y considera que "la Constitución de 1978 es la base de la convivencia entre españoles; quienes han visto reflejados en ella sus derechos, libertades y garantías, en una forma política de Estado de Monarquía Parlamentaria" que "hace mirar al futuro confiando en la mejora y permanencia de la misma estabilidad y progreso que han supuesto estos 46 años".