Así consta en el convenio que firmó hoy el secretario general de la FEMP, Gabriel Álvarez, y el director general de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, José María Contreras.

El objetivo de este acuerdo, según han expresado los representantes de las entidades firmantes, es lograr que el hecho religioso sea un elemento positivo en los procesos de inclusión, cohesión social y convivencia.

A su juicio, es en el ámbito de los gobiernos locales, "donde las políticas públicas, por su proximidad a la ciudadanía, tienen un reflejo inmediato en el bienestar de las personas".

La FEMP y la Dirección General del Ministerio de Justicia realizarán actividades formativas y elaborarán estudios e investigaciones sobre la realidad y la gestión de la diversidad religiosa en el ámbito de la Administración Local.

También está prevista la publicación de manuales o guías de buenas prácticas sobre la gestión municipal en esta materia. El convenio, además, contempla la participación de la FEMP en el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, así como en otros órganos cuyas funciones estén relacionadas con los objetivos del acuerdo.