Vázquez, que presidió hoy la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP después de la Asamblea General celebrada del 22 al 24 de noviembre, indicó que todos los alcaldes y presidentes de diputaciones están de acuerdo en exigir al Gobierno l retirada de la disposición adicional 14 a los Presupuestos del Estado para 1992, por entender que modifica la Ley de Haciendas Locales.

Asimismo, recalcó que cualquier negociación de un pacto de Estado con ayuntamientos, diputaciones, comunidades y Gobierno central, como el propuesto por el vicepresidente del Ejecutivo, Narcis Serra, estará condicionado a la liquidación de la deuda del Estado con las corporaciones locales.

Para los responsables de la FEMP, el Gobierno pretende modificar el actua sistema de participación en los gastos del Estado de ayuntamientos y diputaciones sin haber liquidado su participación en 1990. Mientras que la FEMP asegura que esa deuda asciende a 180.000 millones de pesetas, Economía sólo reconoce 70.000 millones.

A juicio de Vázquez, los alcaldes y presidentes de diputaciones están dispuestos, incluso, a discutir la modificación de la actual Ley de Haciendas Locales dentro de un proceso de negociación, pero no aceptarán un cambio de criterios en su sistema de finnciación impuesto a través de los presupuestos.

Explicó que la disposición adicional 14 de los Presupuestos del Estado para 1992 establece un sistema de coeficientes ponderados, para determinar el incremento de la participación de las Haciendas Locales en el gasto público, similar al que se aplica actualmente para las regiones que accedieron a su autonomía por la "vía lenta", aplicando el artículo 143 de la Constitución.

MAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

Para la FEMP, la pretensión del Gobierno de amentar la capacidad recaudatoria de las haciendas locales mediante la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), debe ir acompañada de un aumento de las competencias de los ayuntamientos.

El objetivo, según indicó Vázquez, es que la administración más próxima al contribuyente sea la que preste una mayor parte de los servicios, "pero eso implica más competencias en materias como la seguridad ciudadana, los servicios sociales, la vivienda, la sanidad preventiva, e incluso en aspectos concrtos de la educación".

No obstante, rechazó hacer cualquier valoración sobre el IAE, en tanto no se conozcan las listas del censo de contribuyentes del nuevo impuesto correspondiente a cada corporación. "Hasta el día 13 de diciembre", agregó, "no se conocerán los censos, y hasta marzo o abril no será posible cifrar la capacidad recaudatoria de cada ayuntamiento".

Por su parte, el vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, afirmó tras reunirse con la comisión ejecutiva de la FEMP, que el IAE es na maniobra del Gobierno para subir la presión fiscal sin el consiguiente coste político.

A su juicio, el objetivo del Gobierno, después de elevar los tributos indirectos (IVA e Impuestos Especiales) un punto en 1992, es negar a las corporaciones locales y diputaciones un aumento de las competencias "y más tarde decirles que si quieren más recursos impongan impuestos, lo mismo que hace con las autonomías a las que recomiendan un recargo en el IRPF".