En la delacración aprobada este martes, la Federación pide ampliar al año 2025 la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción en el Impuesto de Actividades Económicas. Asimismo, exige crear la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de los años 2024 y 2025 en relación con los vehículos afectados y que se "compense a los ayuntamientos por los ingresos dejados de percibir como consecuencia de las medidas adoptadas en relación con los citados impuestos".

También piden que se compense a los gobiernos municipales por la suspensión de pago de las tasas municipales de ocupación del dominio público y prestación de servicios afectados por la catástrofe y la situación de emergencia. En cuanto a medidas presupuestarias y financieras, la declaración recoge que se autorice a las corporaciones locales afectadas a rebasar el límite de gasto computable, a incrementar los recursos destinados por el Gobierno de España a paliar los efectos de la dana, y favorecer que los ayuntamientos afectados puedan destinar el superávit o el remanente de tesorería para gastos generales de 2024 a inversiones financieramente sostenibles.

Entre otras medidas, también instan al Gobierno a flexibilizar y ampliar las líneas de financiación de operaciones corto plazo y a largo plazo a través de ICO a los Ayuntamientos afectados y a que se modifique la ley de Contratos del Sector Público para que permita con carácter excepcional la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra, cuando el objeto del contrato sean actuaciones de reconstrucción derivadas de una catástrofe natural o de cualquier otra índole.

HOGARES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

La FEMP recogió en su declaración modificar el régimen de ayudas directas a empresas y profesionales, al objeto de incluir a los autónomos y empresas por los daños causados por la dana en los vehículos y bienes muebles afectos a actividades económicas, aunque su domicilio fiscal o establecimiento de explotación no se encuentre en los municipios afectados.

En esa línea, también pide al Gobierno solicitar a instancias europeas la dotación de fondos europeos específicos para la ayuda a las personas físicas o jurídicas afectadas, la reconstrucción de los municipios e infraestructuras , y acometer nuevas infraestructuras para evitar que situaciones como la sucedida, así como pedir la máxima flexibilidad para reasignar los fondos europeos existentes hacia actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades surgidas como consecuencia de la catástrofe.