Los objetivos de este pacto nacional son garantizar la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción de vivienda y facilitar el acceso a un piso protegido a jóvenes, sin perjuicio de que se pueda ampliar a otros colectivos, como personas con discapacidad.

Según explicó Castro en rueda de prensa, los ayuntamientos facilitarán suelo público donde levantar estas viviendas y los promotores tienen voluntad para acometer el proyecto.

Pero para ello hace falta financiación y que a los empresarios les sea rentable promover vivienda protegida. Así, la FEMP buscará el apoyo de las entidades financieras para desarrollar estos proyectos y está dispuesta a promover los cambios legislativos que sean necesarios para "introducir elementos correctores".

En este sentido, por ejemplo, se buscarán mejoras en la tramitación administrativa, así como unificar los criterios en la aplicación de las normas, sobre todo en las de nueva aprobación, como la Ley del Suelo o el Código Técnico de Edificación.

Además, Castro aseguró que al pacto se sumará también al Estado para estudiar las posibilidades en función de las subvenciones que tengan adscritas cada comunidad autónoma.

En los próximos meses se analizarán, en función de las necesidades de vivienda protegida, de la disponibilidad de suelo y de los presupuestos de cada región, cuántos pisos protegidos se construyen en cada comunidad autónoma.

CONSTRUCTORES Y SINDICATOS

En la rueda de prensa también participaron los representantes de la patronal y de los sindicatos que hoy suscribieron el acuerdo.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, defendió la necesidad de que los ayuntamientos den "un precio justo" al suelo para que ellos puedan construir VPO.

Chicote señaló que se trata de un proyecto "muy ambicioso" y destacó la capacidad de distintos agentes para unirse en los momentos difíciles.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Francesc Villanueva, comentó que este plan es necesario, pero "llega con unos años de retraso".

Villanueva apuntó que la AVS nunca abandonó "la trinchera de la vivienda social" y reclamó que sigan existiendo recursos, protección y vías de ayuda para la promoción de vivienda pública.

También intervinieron los representantes de sindicatos: el secretario general de Fecoma-CCOO, Fernando Serrano, y el de MCA-UGT, Manuel Fernández "Lito".

El responsable de MCA-UGT señaló que, "frente a los agoreros", tiene "mucha confianza en el sector de la construcción" y recordó que el ajuste afecta sólo a los empleos relacionados con la vivienda, no con las infraestructuras.

Por su parte, el secretario general de Fecoma-CCOO afirmó que la firma de este acuerdo es un "acto de responsabilidad política" y que toca "arrimar el hombro" para que los efectos de la ralentización del sector sean los menos posibles".