Rita Barberá señaló que lo que tienen que hacer los ayuntamientos es tratar de "mejorar las condiciones de la ciudad", para favorecer a las personas discapacitadas.

La presidenta de la FEMP indicó que "todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, porque sufran determinadas minusvalías, no pueden ser acreedores de menores derechos".

"Por eso", subrayó, "la FEMP y los ayuntamientos estamos siendo sensibles, porque es, además, nuestra obligación procurar ctuaciones que permitan la accesibilidad para el uso de la ciudad en igualdad de condiciones para todos, así como políticas de integración social que pasan por la formación y la integración laboral".

Por su parte, el presidente de la Fundación ONCE destacó que "entre todos tenemos que conseguir que nuestras ciudades sean accesibles. Y si éstas lo son, probablemente el logro del empleo también puede conseguirse mediante una formación adecuada".

A su juicio, esta labor precisa de la colaboración deayuntamientos, gobiernos autónomos, Administración central y ONGs.

A la firma de este convenio acudieron el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Rafael de Lorenzo; su director general, José Manuel Pichel, y el secretario general de la FEMP, Alvaro de la Cruz, entre otras personalidades.