Montes ha anunciado también que el Ayuntamiento de la capital cántabra recurrirá en casación dicha sentencia, or lo que mientras se confirma o rechaza continuarán imponiendo las sanciones prevista por la ordenanza.

La decisión de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC anula las multas impuestas a un ciudadano de Santander, al considerar que la OLA vulnera la Constitución al no atenerse al principio de inocencia del demandante, al tiempo que señala que los empleados de la empresa privada que gestiona el servicio no tienen autoridad para imponer las sanciones.

La sentencia critica al Ayuntamient de Santander al considerar a estos vigilantes como agentes de la autoridad y señala que las papeletas en las que se informa de la infracción no tienen validez, al carecer de la firma de un policía municipal.

Aurelio Montes, que se refirió a una sentencia del TSJ de Murcia que a su juicio era opuesta a los postulados mantenidos por el TSJC, consideró la sentencia como "positiva" al reconocerse la capacidad legal de los ayuntamientos para limitar el aparcamiento en las ciudades y la de cobrar por estosaparcamientos.

Según el concejal de Policía de Santander, la decisión judicial reconoce que la OLA es un servicio público, por lo que es "una obligación y un ejercicio de responsabilidad" el que los ayuntamientos mantengan este tipo de ordenanzas. Asimismo, señaló que con esta sentencia se posibilita a los gobiernos locales a retirar los vehículos que sobrepasen el tiempo establecido mediante el servicio de grúa.

Sobre la imposibilidad de sancionar a los infractores, Montes señaló su desacuerdo cn la sentencia porque, a su juicio, "los ayuntamientos se encuentran huérfanos".

Aurelio Montes indicó que de las más de seis mil licencias para residentes concedidas en Santander, tan solo un 0,5 por mil ha presentado alguna reclamación por el servicio que se presta.