Durante una entrevista en Onda Madrid, García-Pelayo tachó esta tasa de “disparate” y advirtió de que "atenta contra la autonomía local". En este sentido, recordó que desde la FEMP se ha intentado trabajar con el Gobierno para que reconsiderase su postura y se han solicitado reuniones pero “ni se nos escucha ni se nos recibe”.

García-Pelayo manifestó que se trata de una tasa generalizada que están cuestionando los propios funcionarios de Administración Local y, además, va a provocar una avalancha de recursos porque “los vecinos van a pagar más mientras se pone en cuestión la legalidad de este cobro”.

A su juicio, esta "imposición" del Gobierno de Pedro Sánchez supone un cambio importante en cuanto a la concepción de las tasas locales, puesto que la ley vigente establece que las tasas son un tributo de imposición voluntaria para las entidades locales.

Sin embargo, denunció que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular impulsada por el Ejecutivo de Sánchez establece “por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa” para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia.

García-Pelayo criticó que el Gobierno "debería haber hecho las cosas bien, no actuar así, de manera inesperada y obligando a los alcaldes a establecer una tasa cuya aplicación no comparten, violando además el principio constitucional de autonomía local".