Según informó la coordinadora, las 12.145 firmas recogidas estarán acompañadas de un texto que detalla las reivindicaciones de las organizaciones feministas y se entregarán en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, encargada de tramitar la nueva ley del aborto.

En el texto, las organizaciones feministas reclaman que el aborto deje de estar regulado en el Código Penal, ya que, argumentan, el anteproyecto lo mantiene dentro de esta norma al no suprimir los artículos 145.1 y 145.2 sobre la sanción a terceros, es decir, a los profesionales que se pueda interpretar que han realizado un aborto fuera de los supuestos permitidos.

El documento pide igualmente que se garantice la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos de la red sanitaria, puesto que, dice, en el texto propuesto por el Gobierno no se plantea ninguna medida que apueste por la normalización del aborto en centros sanitarios públicos.

Del mismo modo, la coordinadora de organizaciones feministas apuesta por la regulación de la objeción de conciencia para que no siga suponiendo "un mecanismo de presión que obstaculiza el derecho a la asistencia sanitaria de las mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado en la sanidad pública".