La sentencia del Tribunal Supremo, conocida la semana pasada, reconoce que el rotativo sufrió una clara discriminación por parte de los poderes públicos, que suprimieron todo tipo de publicidad institucional, que representa una importante fuente de ingresos para los periódicos.

"A la ausencia de publicidad de los organismos públicos, que represenan alrededor de quince millones diarios para los medios de comunicación, se sumó el bloqueo de la suscripción de entidades como Iberia, Renfe, los ministerios o los cuarteles, decretado por el Gobierno de UCD, que luego continuó el PSOE", recordó Martialay.

"Después de aquella operación de acoso y derribo, nos embargaron el edificio, las rotativas, el archivo y todo lo demás", explicó, "y tras ese 'arrebatacapas' que supuso la apresurada liquidación, para que nos restituyesen todo y estuviésemos en la mismas condiciones que entonces, harían falta por lo menos 10.000 millones".

POCO QUEDA PARA LOS TRABAJADORES

De los 3.000 millones que ahora ha decretado el Supremo, 2.500 deben destinarse a cubrir deudas con Hacienda, el Fondo de Garantía Salarial, la Seguridad Social y los acreedores, con lo que los 500 millones que quedan limpios apenas darán para indemnizar a los 500 trabajadores del diario que aquel verano de 1986 se quedaron sin trabajo.

Martialay rememoró aquellos últimos días como "paéticos: con una huelga politizada e instrumentalizada; con unas esperanzas de que iba a llegar en cualquier momento algún comprador, y todo el mundo sin cobrar, ni los trabajadores ni los proveedores. Todos tratamos de sobrevivir hasta que un día se llevaron la rotativa y ahí se acabó todo".

"Aunque entonces no había aún la crisis que hay ahora", señaló el director, "quinientos trabajadores en la calle de golpe tenían difícil acomodo, y menos aún con el señalamiento ideológico que daba el haber pertencido a 'El Alcázar', a pesar de que uno no tiene por qué comulgar con la inclinación política de la empresa".

POR DIVERSAS MANOS

La cabecera pertenece a la familia Moscardó y la Hermandad de Defensores del Alcázar, que lo alquilaban, y a través de su trayectoria el periódico pasó por diferentes manos: Ribadeneyra, Editorial Católica, personas próximas al Opus Dei y, finalmente, la Federación de Ex Combatientes, a través de la empresa Diarios y Revistas (Dyrsa).

"Los dueños lo pasaron muy mal enaquellos momentos, porque todo el mundo les reclamaba a ellos a pesar de que lo tuviesen alquilado, y no creo que tengan ahora ningún interés en volver a editarlo", señaló Martialay