Lo hizo a través de un comunicado emitido con motivo de la conmemoración este jueves del Día por los Derechos de las Personas con VIH en el que recogió unas declaraciones de su coordinador del Grupo de VIH, Nahum Cabrera, quien denunció que “muchas comunidades autónomas imponen barreras administrativas para dispensar esta medicación que son imposibles de salvar para la población con estatus migratorio”.

Esas trabas, según Nahum Cabrera, “atentan contra los derechos fundamentales y tienen un grave impacto en la salud pública”, como lo atestigua el hecho de que se pide “como requisito indispensable tener un certificado de empadronamiento desde hace meses, cuando muchas de estas personas residen en pisos de conocidos o habitaciones compartidas”.

Teniendo en cuenta que la medicación ha de ser diaria y que la adherencia es “fundamental”, los plazos marcados por “la burocracia” y los que requiere el propio tratamiento son “completamente diferentes”.

La Felgbti+ puso de manifiesto que “el acceso a la sanidad pública y universal para todas las personas es un derecho fundamental y constitucional que las administraciones están vulnerando”.

Por esa razón, exigió que “se garanticen los derechos de la población migrante Lgtbi+ con VIH en igualdad de condiciones a los del resto de la población”; “se trata de una cuestión de salud pública, puesto que, si hay personas sin tratamiento, el virus se puede se puede seguir propagando”.

Destacó que “no se puede tratar a las personas migrantes Lgtbi+ con VIH como al resto de personas migrantes, ya que sufren varios factores de vulnerabilidad al ser migrantes, personas Lgtbi+ y personas con VIH, lo que hace que tengan que sobrevivir cada día soportando un estigma aún mayor”.

Así pues, pidió a las administraciones que “trabajen de manera activa para erradicar la violencia institucional contra este segmento de población” y que desarrolle “recursos adaptados culturalmente para la población migrante Lgtbi+ con VIH, con personas expertas en mediación intercultural, y que se establezcan programas específicos para personas con VIH según su identidad de género, orientación sexual y expresión de género”.

De este modo, se evitarían situaciones como las que describe Alfredo Pazmiño, migrante peruano y coordinador de la Oficina Técnica de Altihay Fuerteventura, de personas con VIH procedentes de Ucrania, que han visto interrumpidos sus tratamientos debido a la invasión rusa de su país, y a quienes “se pide una receta de su país de origen y, si no está en castellano, ya empiezan los problemas”.