Así se pronunció desde Santa Úrsula tras visitar zonas afectadas por el incendio en Tenerife cuando se le preguntó por el supuesto de que el Congreso pudiera aprobar una ley de amnistía y si en el PP están pensando ya cómo tratarían de bloquearla. Todo ello en la jornada en la que Puigdemont propuso dicha norma de manera previa a la investidura.

Como ya hiciera esta mañana, el candidato propuesto por el Rey a la investidura repitió que “sería un disparate” y “una anomalía jurídica que una persona que está buscada por la Justicia española decida el futuro de la nación”. Esto es algo, censuró, que “no ocurre en ningún país del mundo”.

En su caso, subrayó que no piensa aceptar “ningún tipo de chantaje” ni tampoco “someter la dignidad del pueblo español” y de su democracia a propuestas y decisiones que “son ilegales”. “Porque la amnistía no cabe en la Constitución, porque el referéndum de independencia no cabe en la Constitución”, sentenció.

Tras esta aseveración, concluyó que las condiciones impuestas por Puigdemont no las puede asumir “ningún demócrata”. Dicho esto, consideró que “la única solución alternativa” es que el PSOE acepte los pactos de Estado para desbloquear la gobernabilidad propuestos por el PP o directamente unas elecciones anticipadas.

Así lo recalcó desde la premisa de que “es evidente que pactar lo que no se puede pactar, que es el Estado y la integridad del territorio español, no lo puede hacer nadie, ni siquiera el señor Sánchez”. Por consiguiente, afirmó que espera que “a nadie se le ocurra aprobar leyes a sabiendas de que son ilegales”.

“De la misma forma que la legislatura anterior la Mesa del Congreso presidida por el PSOE negó la tramitación de un proyecto de ley de amnistía, ahora esa misma mesa del Congreso presidida por un alto cargo socialista no puede tramitar un proyecto de ley que hace unos meses se calificó como ilegal por mucho que necesite el sí de Puigdemont”, argumentó.

Repreguntado por la acción que podría desarrollar el PP en la Cámara Alta, donde goza de mayoría absoluta, en el supuesto de avanzar por estos derroteros, incidió en que “es evidente que eso no se puede aprobar” en un Estado de Derecho como el español y que los parlamentarios no podrían posicionarse a favor de “una ley sabiendo que es ilegal”.