En declaraciones a los medios en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), el jefe de la oposición agradeció que Bruselas acepte su encargo y dio por hecho que la renovación del CGPJ se hará “a la vez” que se reforma su sistema de elección, así como el del Tribunal Constitucional y otros órganos judiciales para profundizar en su “independencia”.

Y celebró, de este modo, que se iniciará “un camino” para evitar que “los políticos” no puedan ser nombrados como vocales del CGPJ o magistrados del Constitucional nada más abandonar sus cargos en el Gobierno.

“Por tanto, saludamos positivamente la decisión de la Comisión […] y esperamos que el día 31 nos pongamos a trabajar en las dos cuestiones que hemos comprometido: renovar el Consejo y simultáneamente presentar ante las Cortes una ley que garantice la independencia del Poder Judicial. Es más urgente que nunca”, declaró.

LEY DE AMNISTÍA

La primera reunión en Bruselas entre los interlocutores de PSOE y PP, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, se producirá apenas un día después de que el Pleno del Congreso debata la ley de amnistía. Para Feijóo, esto será significativo.

“El comisario Reynders, conociendo el texto definitivo de la ley de amnistía se aprobará en el Congreso y que pasará al Senado, tendrá más elementos de juicio para acreditar que es imprescindible que los gobiernos no hagan códigos penales a la carta de los que han delinquido, y que los abogados de los acusados no redacten la ley de amnistía”, declaró.

“Por tanto, me parece que es muy buena noticia en este contexto lamentable que atraviesa España desde el punto de vista de la ley de amnistía. Es un chorro de luz que volvamos otra vez a respetar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los jueces y que España empiece a reconducir el deterioro del Estado de Derecho que estamos viviendo”, añadió.

Por último, Feijóo advirtió de que el Senado hará “todo aquello que en el Congreso” no hizo en la tramitación de la amnistía, y confirmó que habrá múltiples comparecencias de juristas, constitucionalistas y representantes de la sociedad civil, así como la recopilación de informes de los principales agentes jurídicos. “Vamos a escuchar en el Senado lo que se nos ha prohibido escuchar en el Congreso”, advirtió.