En la denuncia, la asociación aduce la vulneración de al menos seis apartados de la normativa comunitaria, incluidos tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. "La regulación es desproporcionada, discriminatoria y contraria a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento recogidos en la normativa europea", señaló Federatur en un comunicado.

Este decreto, que afecta a 262 municipios catalanes, exige la obtención de una nueva licencia urbanística de cinco años de duración para poder destinar una vivienda al uso turístico, aunque ya contase con licencia anteriormente y establece un límite de diez licencias por cada 100 habitantes. "Esta medida restringe el derecho a la propiedad privada y limita considerablemente la actividad económica en el sector de los alquileres turísticos, vulnerando el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que protege el derecho a la propiedad privada", denunció Federatur, quien también señaló que “Los propietarios se ven impedidos de decidir sobre el uso de sus inmuebles, ya que, en muchos casos, se prohíbe la explotación turística de las viviendas en función de su ubicación”,

Además, la entidad señala en su denuncia que el decreto "afecta de manera injustificada la libertad de empresa, la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios, contempladas en los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como el 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)".

NO ES UNA SOLUCIÓN

Asimismo, la asociación alegó que las restricciones impuestas a los apartamentos turísticos no resuelven el problema del acceso a la vivienda ni contribuyen al objetivo declarado del decreto de incrementar la oferta de viviendas para residencia permanente: “El hecho de limitar la oferta de viviendas de uso turístico no garantiza que las viviendas afectadas se destinen al alquiler residencial, especialmente en zonas donde muchos de estos inmuebles son segundas residencias”, apuntó.

En este sentido, Federatur considera que la Directiva de Servicios 2006/123/CE también se ve vulnerada ya que el Decreto Ley "no cumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad exigidos por esta normativa".

TRATO DISCRIMINATORIO

Asimismo, la denuncia incluye un informe elaborado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en el que se señala que las medidas "no son eficaces para resolver el problema del acceso a la vivienda" y que incluso "podrían agravar la situación en algunos municipios, al desincentivar la inversión en viviendas de uso turístico, un sector clave para la economía local".

Además, Federatur sostiene que trata de forma desigual a los diferentes tipos de alojamiento turístico ya que los hoteles y otras modalidades no se ven afectadas por las mismas restricciones, las viviendas de uso turístico están sometidas a condiciones mucho más estrictas. "Todas las modalidades de alojamiento pueden tener un impacto similar en la convivencia y el entorno urbano, por lo que no existe justificación para imponer limitaciones solo a las viviendas de uso turístico", señaló.

Además, la entidad recordó que el Tribunal Constitucional de España acordó en febrero admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2023, y el caso está pendiente de resolver. "Confiamos en que las instituciones europeas intervengan para corregir una normativa que consideramos injusta y lesiva para los derechos de los propietarios y los operadores turísticos", explicó la entidad.

CARTA A COLLBONI

Asimismo, la patronal de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), ha remitido una carta abierta al alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, en la que se le recuerda que la prohibición de los apartamentos turísticos contraviene las normas europeas anteriormente mencionadas. En la misiva, firmada por el presidente de Apartur, Enrique Alcántara, se afirma que los apartamentos turísticos legales apenas representan el 1% del parque total de viviendas de la ciudad y se asegura que la eliminación de los mismos "no garantiza que estos vayan a convertirse en viviendas residenciales".

Además, alegan que estas medidas podrían poner en riesgo hasta 5.000 empleos y poner en peligro grandes eventos celebrados en Barcelona como el Mobile World Congress.

Para solventar el problema de la vivienda que actualmente vive el municipio, desde Apartur proponen medidas como que los impuestos que pagan los apartamentos turísticos en Barcelona -más de 160 millones al año- se destinen a políticas de vivienda pública. Por último, piden a Collboni abrir un espacio de diálogo y llegar a soluciones consensuadas.