Por el contrario, el número de licencias expedidas de caza ha descendido a casi la mitad en dos décadas, según un estudio del Partido Animalista Pacma. Ese trabajo destapa parte de los costes que asumen los ciudadanos contribuyentes para sostener la actividad cinegética en España, independientemente de si participan en ella o no.

El número de licencias de caza en España se desplomó de 1.036.340 en 2002 a 568.715 en 2022 (último año con información disponible), que es el mínimo de la serie histórica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ello supone un descenso de un 45% en esos dos decenios.

OTROS HÁBITOS DE OCIO

Según Javier Luna, presidente del Pacma, esos datos reflejan un cambio en los hábitos de ocio y los valores de la ciudadanía, lo que, según apuntó, “plantea la necesidad de reevaluar los fondos públicos invertidos en mantener y fomentar esta práctica”.

Por otro lado, las subvenciones públicas directas a federaciones de caza -española y autonómicas- pasaron de 623.027 euros en 2018 a 1.462.452,33 euros en 2023, esto es, un 135% más. A ello hay que sumar 921.064,33 euros de enero a octubre de este año.

La única federación que no ha recibido ayudas públicas en ese periodo es la vasca. Por el contrario, la catalana encabeza el ranking de subvenciones recibidas, con 1.107.906,59 euros.

Además, otras entidades del sector cinegético han recibido al menos otros 6.298.690 euros en total durante los últimos cinco años

Entre estas inversiones se incluyen desde ayudas para la gestión y conservación de hábitats hasta la promoción de ferias y eventos de caza. Comunidades como Navarra y Castilla-La Mancha encabezan esta lista al acumular más de un millón de euros cada una en inversiones adicionales destinadas a reforzar el sector cinegético.

CUOTAS

Por otro lado, el análisis del Pacma aborda la “práctica generalizada” de ofrecer bonificaciones fiscales sobre las tasas de expedición de licencias de caza.

El Cabildo de Tenerife y los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León eximen a sus residentes de pagar cuota alguna por licencias de caza.

Además, los mayores de 65 años o pensionistas disfrutan de descuentos de hasta el 100% en Andalucía y la Comunidad de Madrid, donde incluso se otorgan licencias indefinidas sin coste adicional.

Esta política de descuentos y exenciones se extiende en algunas comunidades a otros sectores de la población, como familias numerosas y monoparentales, menores de edad y personas con discapacidad.

El Pacma abogó por la abolición definitiva de la caza y su reemplazo por métodos de control éticos, y llamó a “un debate urgente” sobre la rentabilidad y la legitimidad de las subvenciones al sector cinegético que, en su opinión, recibe “un apoyo económico desproporcionado en comparación con la disminución de su relevancia social y de su número de practicantes”.

“Los datos confirman lo que muchos ciudadanos sienten: estamos subvencionando una actividad cruel y en declive, con un alto coste para el contribuyente y un enorme impacto negativo sobre los animales y el medio ambiente”, concluyó Luna.