Además de criticar el operativo policial puesto en marcha para llevar a cabo los derribos, en el que han participado centenares de agentes antidisturbios, la Fravm, como medida de urgencia, exige al Ayuntamiento de Madrid que se haga cargo de las familias que se han quedado sin vivienda, algunas de ellas sin sus enseres personales, tras la acción de las excavadoras, para que sean realojadas y tengan su manutención básica garantizada.

La Fravm exigió a través de un comunicado la puesta en marcha de un plan integral de medidas sociales para la zona que implique a todas las administraciones afectadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Gobierno central) y que cuente con la participación de colectivos sociales, como las asociaciones vecinales.

Para ello, solicita la activación "sin demora" de una comisión integrada por todos estos agentes. Según la Fravm, este plan integral deberá priorizar las medidas sociales dirigidas a lograr una mayor integración y mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la Cañana Real Galiana, asegurando su acceso a derechos elementales como la vivienda, la educación o la sanidad.

La Fravm recuerda que el movimiento vecinal lleva más de dos décadas demandando a las administraciones la erradicación y el realojo de los asentamientos marginales y la puesta en marcha de soluciones que aborden todas las dimensiones del problema, alertando sobre el riesgo de enquistamiento del chabolismo y la infravivienda.