En su opinión, la nueva disposición (tres días), supone en la práctica, legalizar la contraprogramación, con el consiguiente perjuicio para el espectador.

FIATYR señala en un nota que "las explicaciones que hemos podido escuchar de algunos responsables políticos son inadmisibles, refiriéndose a que no se cumplían los once días preceptivos. Efectivamente, somos los espectadores más desprotegidos de Europa: la normativa en ámbitos fundamentales no se cumple, ni existe ningún organismo que lo sancione en su caso, tal y como ocurre en todos los países desarrollados del mundo".

"Constatamos una vez más", concluye, "que se viene actuando en beneficio de las empresas multimedia y en contra de los derechos de los espectadores".