Serrano declaró a los medios de comunicación tras comparecer en la subcomisión que estudia la reforma de la legislación sobre el aborto que los jóvenes e inmigrantes son dos grupos "vulnerables" de población en los que ha aumentado considerablemente el número de abortos en los últimos años.

Por este motivo, continuó, son necesarias "políticas específicas" para ellos que incluyan financiación de métodos anticonceptivos "eficaces".

Y es que, afirmó Serrano, la educación sexual en España "se ha quedado en nada y está siendo absolutamente ineficaz", por lo que es necesario mejorarla.

A su juicio, la mejora en la educación sexual ha de ser un complemento a la necesaria reforma de la legislación del aborto, que ya no sirve.

"Una situación que obliga a una mujer a que siga adelante con un embarazo que no desea aumenta la discriminación entre hombres y mujeres, porque los hombres no viven esta situación", indicó la presidenta de la federación de planificación familiar, que añadió que esta discriminación se da con la ley actual.

"Obligar a una mujer a seguir un embarazo que no desea es una forma de violencia que debería ser constitutiva de delito", prosiguió Serrano.

En su opinión, la nueva legislación sobre el aborto debería combinar plazos y supuestos o "indicaciones". Así, habría de marcar un número elevado de semanas hasta el que las mujeres puedan abortar libremente y, una vez cumplido este plazo, una serie de supuestos o "indicaciones".

Además, esta federación quiere que la futura legislación sobre el aborto permita a "las menores maduras" de entre 16 y 18 años interrumpir su embarazo sin necesidad de autorización paterna, "al igual que sucede con otras prácticas sanitarias".

Del mismo modo, la presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal apostó por que la legislación sobre el aborto que ahora se está preparando recoja la obligatoriedad de que todas las comunidades autónomas dispongan de servicios ginecológicos públicos en los que se puedan practicar abortos.

Por último, la federación pidió que se regule, "de una vez por todas", la objeción de conciencia y que se cree un registro de objetores en la sanidad pública, manejado exclusivamente por responsables sanitarios y sometido a la ley de protección de datos.

Esta objeción de conciencia ha de contemplarse sólo para el acto del aborto y no para la atención anterior o posterior a él de las mujeres que interrumpen su embarazo. Tampoco la objeción de conciencia debe ser válida para instituciones.

Todo esto, concluyó Serrano, tiene que completarse con programas de educación sexual, que en España "se ha quedado en nada y está siendo absolutamente ineficaz" y con un mayor acceso a métodos anticonceptivos eficaces con financiación pública para los sectores más vulnerables, como son inmigrantes y jóvenes.