Esta federación, que agrupa tanto a hombres como a mujeres separadas, considera que España es el único país "civilizado" que mantiene la pena de prisión por deudas, "y sólo para separados", según un comunicado difundido por dicha organización.

A su juicio, esta circunstancia vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, ratificado por España en 1977, qu señala que no se deben castigar con prisión las deudas.

Según la Federación Española de Padres Separados, la fiscal y jueza que intervinieron en la causa contra José Ranz Molinero, "han demostrado una falta de sensibilidad inquietante al continuar el proceso de oficio cuando la deuda de 548.000 pesetas (que el procesado mantenía con su ex mujer) ya había sido saldada y los cargos retirados".

Además, llama la atención sobre la condición de parado del condenado, lo cual, afirma la federación, le oliga a vivir "de la solidaridad de sus familiares, y aún así, debe mantener a su ex mujer que ya se quedó con la vivienda familiar".

Finalmente, expresa su repulsa "por una ley y una Administración de Justicia machista y trasnochada que convierte a la mujer en un parásito y al matrimonio en su seguro de vida, y que incumple sus propios pactos internacionales".