Así lo reclamó en un comunicado emitido coincidiendo con el Día Internacional de los Bancos y en el que también pidió “poner el foco” en aquellos colectivos “vulnerables” que “necesitan que se garantice el derecho al efectivo”.

En este contexto, instó al Gobierno a que “recupere” la Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera, que recogía la obligación de disponer de, al menos, un cajero en los municipios que se encuentren en “riesgo de exclusión financiera”.

Tras puntualizar que, para las personas mayores o aquellas que “no se encuentran cómodas” en el ecosistema digital, pero también para quien reside en las zonas rurales el acceso al efectivo “es fundamental”, recordó que, según un estudio del Banco de España, aproximadamente tres millones de personas en España están en situación de “vulnerabilidad” en cuanto al acceso a efectivo por no tener un punto para retirar efectivo a menos de cinco kilómetros de su localidad.

Además, el 55% de los 8.130 de los municipios que hay en España, donde vive un 3,1% de la población española, no tienen cajero automático.

VULNERACIÓN DE UN DERECHO

“La privación o dificultad para acceder al efectivo supone la vulneración de un derecho para las personas que viven en las zonas rurales sin posibilidad de acceder al efectivo sin hacer grandes desplazamientos, pero también para aquellas que abrieron sus cuentas bancarias en las oficinas cercanas a su domicilio y que están siendo privadas del servicio de caja por el que pagan”, sentenció.

En este contexto, el miembro del área jurídica de CECU César Díaz lamentó que España no cuenta con una banca pública que pueda “garantizar” los derechos financieros de la ciudadanía y “ha dejado los servicios de la banca minorista en manos de entidades privadas, cuyo objetivo es únicamente el beneficio económico y que tienen la libertad de elegir dónde abrir o cerrar sucursales y dónde instalar cajeros, sin tener la obligación de prestar determinados servicios”.

Por este motivo, la federación urgió al Gobierno a “trabajar” en colaboración con el resto de las administraciones públicas para “garantizar” el acceso al efectivo de cualquier persona “sin tener que salir de su municipio” y “más allá de acuerdos o protocolos de libre adhesión de las entidades bancarias”, cuyo “incumplimiento”, a su juicio, “no tiene consecuencia alguna”.

Por último, subrayó la “necesidad” de que estos municipios cuenten con personal “suficiente” que pueda “asesorar y ayudar” a las personas mayores o con “dificultades” para operar con tarjeta o en cajeros a la realización de operaciones como disponer de efectivo en los cajeros o realizar pagos.