Esta es una de las muchas conclusiones que se recogen en una nota en la que valora el contenido económico de los acuerdos alcanzados por el PSOE para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El documento, publicado este miércoles bajo la firma del director del ‘think tank’, Ángel de la Fuente, avisa de que los pactos apuntan a “fuertes incrementos del gasto público que posiblemente no sean fáciles de financiar”, amenazas a la competitividad y el empleo, y riesgos “de una deriva confederal que iría debilitando al Estado”.

Sobre la deuda, estima que su coste ascenderá a casi 88.000 millones de euros. Esta cifra se ha calculado en base a los efectos de la crisis financiera de 2008 –como bien apunta el acuerdo entre PSOE y ERC–, que, según Fedea, afectó “de manera similar” a todos los territorios. Por tanto, cree que “la forma seguramente más razonable de extender la medida a otros territorios sería perdonar a cada comunidad la misma cantidad por habitante ajustado”, lo que eleva el impacto de esta política hasta rozar los 88.000 millones. El Ministerio de Hacienda, por su parte, no ha hecho público aún los importes que corresponderían a cada autonomía, ni tampoco el coste total que tendría para las arcas del Estado.

Más allá de los números, la nota advierte de que la condonación de deuda es “una pésima idea” si es “incondicionada”. Considera que “agravará los serios problemas de incentivos” que ya sufre el actual sistema de financiación autonómica y “tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas”.

“Constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal”, apostilla el documento, que considera que esta medida “eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado”. “Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo es difícilmente superable”, añade. En este sentido, lamenta que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar no recoja en su compromiso a reformar el sistema financiación autonómica ninguna referencia a la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas.

DERIVA “CONFEDERAL”

Y, sobre sus “encomiables” propósitos en esta materia, advierte de que “podrían verse comprometidos en alguna medida por los compromisos adquiridos con los partidos nacionalistas vascos y catalanes, cuyos objetivos centrales es el de mejorar la posición de sus respectivas comunidades”, reduciendo la aportación de sus ciudadanos a la caja común.

“El ejemplo más extremo" de esta aspiración es la exigencia de Junts de que se ceda a Cataluña el 100% de los tributos estatales recaudados en su territorio. Sobre esta cuestión, Fedea subraya que, aunque “no exista un acuerdo sobre tal cesión […], no resulta en absoluto tranquilizador que el PSOE parezca haber asumido la necesidad de negociar estas cuestiones (y otras aún más delicadas) en un marco bilateral y partiendo (¿únicamente?) de las aspiraciones de un subconjunto de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones”.

Y, pese a que sea improbable que este proceso de negociación entre PSOE y Junts culmine con un acuerdo en torno a las reivindicaciones maximalistas de los independentistas catalanes durante esta legislatura, el ‘think tank’ alerta de que no son descartables “concesiones significativas” que podrían pasar por “un estatus especial” para Cataluña en las negociaciones sobre la reforma de la financiación autonómicas.

Según Fedea, estas concesiones “se traducirían en una menor aportación de la comunidad a la caja común y, por tanto, dada su posición de partida, en una financiación privilegiada en alguna medida”. “Este proceso”, prosigue la nota, “comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas de coordinación y redistribución”, y podría llevarse a cabo a través de una vía “poco visible” como “una valoración sesgada al alza” de las competencias singulares de Cataluña.

SEGURIDAD SOCIAL Y RODALÍES

De la Fuente deplora también que la reivindicación de mejoras de financiación se extienda también al País Vasco, ya que "esta comunidad goza ya de un régimen especial", el llamado concierto económico, que, “tal como se ha implementado en la práctica, resulta en una financiación muy superior a la de cualquier otra”.

Para el director de Fedea es “llamativo” que el acuerdo entre PSOE y PNV recoja que el Estado se haga cargo del 50% del coste del nivel básico de protección del sistema de atención a la dependencia, “rompiendo así con la lógica del concierto, que exigiría que los territorios forales financien con sus propios medios aquellas competencias que han asumido”.

Asimismo, sobre el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que se ha pactado con el PNV, la nota señala que, al margen de los obstáculos legales, “que podrían modificarse o sortearse”, la posibilidad de “un traspaso efectivo de la gestión” podría suponer una pérdida de la eficiencia del sistema y comportar “la desaparición prácticamente total de las Administración del Estado del País Vasco”. No obstante, no ve riesgo de que se rompa la caja única porque es un sistema “que favorece enormemente” a los vascos.

En lo que se refiere al traspaso de las competencias del transporte ferroviario de ámbito regional, incluyendo el sistema de Cercanías en el caso de Cataluña, la organización lo ve “lógico” y no tiene “nada que objetar” siempre y cuando los traspasos “no comprometan en modo alguno el buen funcionamiento de los servicios ferroviarios y la red de infraestructuras de interés general”. No obstante, ve “riesgos” de que ERC utilice este traspaso para conseguir “mejoras a la carta” a costa del Estado.

DESEQUILIBRIO FISCAL

Por último, sobre el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, reconoció que es “difícil no compartir en términos generales los objetivos de mejorar la protección de los que más lo necesitan, reforzar los sistemas sanitario y educativo y facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles”. Pero subrayó que algunas de las medidas anunciadas plantean “serias dudas” y cuestionó que todo lo propuesto pueda hacerse en pocos años “sin desequilibrar aún más las cuentas públicas” o “sin fuertes subidas de impuestos para todos”, más con la reactivación de las reglas fiscales en 2024.

En esta coyuntura, la nota avisa de que una parte del nuevo gasto propuesto podría ser “innecesaria”, y ve conveniente abordar una reforma fiscal sobre el informe del Grupo de Expertos “como base para la discusión” para “aumentar su capacidad de recaudación, respetando la seguridad jurídica y buscando minimizar los desincentivos para la inversión y la actividad económica”.

Para concluir, Fedea ve “muy discutible” la reducción por ley de la jornada de trabajo desde 40 a 37,5 horas semanales “sin ajustar proporcionalmente los salarios”, la subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, y el endurecimiento de las condiciones de despido, descuelgue y modificación unilateral de las condiciones de trabajo.