Así se recoge en un informe de valoraciones y recomendaciones publicado este lunes por Fedea, que aboga por volver a la redacción del anteproyecto, que era más firme en esta cuestión.

El primer texto que salió del Consejo de Ministros establecía que, ante resultados negativos “continuados” en la nueva evaluación de desempeño, el funcionario podría enfrentarse a distintas consecuencias, entre ellas, “la remoción del puesto obtenido por concurso”.

Sin embargo, el proyecto de ley que La Moncloa aprobó borra esta disposición, aunque mantiene la posibilidad de remoción de los puestos obtenidos por concurso por un cumplimiento inadecuado de las tareas atribuidas o un insuficiente rendimiento. No se indica cómo se valorará esta cuestión, ya que no la vincula directamente a la evaluación de desempeño como sí hacía en primera instancia.

Para Fedea, estos cambios hacen que la regulación de la deposición de funcionarios por concurso con un desempeño insatisfactorio sea “titubeante”, por lo que pide en su informe volver al texto original. De hecho, aboga por ampliar el ámbito de la disposición a puestos de trabajo obtenidos por otros procedimientos, así como incluir la pérdida de grados consolidados o de tramos de carrera entre los posibles efectos de evaluaciones negativas reiteradas.

“En buena medida, estamos ante un texto final que busca ‘proteger’ a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven. Mientras no se invierta esta relación, será muy difícil avanzar hacia una administración eficaz”, concluye Fedea sobre el conjunto del proyecto de ley, que contiene “cambios muy discutibles” con respecto al anteproyecto.

“CAMBIOS MUY DISCUTIBLES”

“El más importante”, según esta organización, “es sin duda la introducción de la exigencia de negociación previa con las centrales sindicales en el caso de algunas actuaciones que deberían ser competencia exclusiva de los representantes o gestores públicos, al menos en lo que respecta a su diseño general”. Esto afecta, entre otras cosas, a los distintos planes de recursos humanos contemplados en el texto como instrumentos de planificación en este ámbito, a la movilidad por necesidades del servicio y al diseño de los procedimientos de evaluación del desempeño.

“Esta exigencia, que al menos en parte lleva a la norma lo que ya es una práctica habitual que debería abandonarse, dificulta enormemente la gestión de las Administraciones Públicas y tiende a reducir su eficacia y eficiencia. Convendría, por ello, suprimirla, eliminándola tanto de la letra de la ley como de la práctica habitual”, añade el informe.

Por último, Fedea cree que es “muy importante” que la ley recoja “de forma explícita” que su principal objetivo es el de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para que estas “puedan servir mejor los intereses de los ciudadanos”, en vez de insistir en la mejora de las condiciones de trabajo o la “ampliación de derechos” de los propios servidores públicos.