Así lo recoge un análisis publicado por Fedea tras la firma del último acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal que, entre otras medidas, mejora la compatibilidad entre pensión y trabajo, reforma los coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones de elevada penosidad y peligrosidad y aumenta el papel de las mutuas en el tratamiento de empleados de baja con enfermedades de origen traumatológico.

Para Miguel Ángel García, la reducción de los obstáculos existentes para la prolongación de la vida laboral ha de valorarse positivamente, especialmente en un contexto de “intenso envejecimiento de la población en el que es vital poder aprovechar mejor el talento senior”.

No obstante, aclara que las medidas adoptadas resultan “insuficientes”, puesto que se mantienen “trabas innecesarias” para compatibilizar el trabajo remunerado con la pensión, incluyendo la espera de un año para el acceso a la jubilación y la imposición de límites sobre la jornada laboral.

El acuerdo también mejora la aplicación de la jubilación parcial con contrato de relevo, beneficiando a las empresas, fundamentalmente las más grandes, para rejuvenecer su plantilla sin incurrir en costes de despido, y a sus trabajadores que evitan los coeficientes reductores en su pensión. Pero para este economista de Fedea esta medida puede “deteriorar la equidad en el trato de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas”.

Por otra parte, defiende que habría que analizar “con cuidado” los efectos financieros de las nuevas medidas para el sistema de pensiones. A su juicio, “a falta de un estudio en profundidad, hay motivos para pensar que el aumento en la generosidad de los incentivos podría generar un peso muerto importante, aumentando el gasto sin un efecto proporcional sobre el retraso de la edad de jubilación al que el Gobierno fía en buena parte la sostenibilidad de la reciente reforma”.

Finalmente, sostiene que la posibilidad de que las Mutuas Colaboradoras puedan jugar un papel más importante en la gestión de las bajas laborales por algunas patologías podría suponer “ciertas ganancias en la eficiencia de la gestión de la incapacidad temporal”, pero avisa de que es “improbable” que pueda reducir significativamente el intenso crecimiento del gasto en esta prestación.