Las dos entidades organizaron una sesión titulada ‘Vivienda: carencias advertidas y posibles soluciones’, con el objeto de analizar el estado actual del mercado de la vivienda e intentar aportar ideas para su mejora.

Los expertos de Fedea y el CGE consideran que nos hallamos fundamentalmente ante un problema de oferta que la nueva ley por el derecho a la vivienda “no solo no ha ayudado a mitigar, sino que lo ha incrementado”, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler.

A su juicio, la Ley por el derecho a la vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, como lo demuestra el que hayan sido presentados ocho recursos ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos por los mismos grupos parlamentarios que votaron a favor.

Ambas instituciones entienden que, en tiempos de crisis, es lógico y necesario atender las necesidades de las personas vulnerables, pero consideran que no lo es el cargar esa tarea colectiva sobre las espaldas de los operadores privados, que, ante la falta de protección e incentivos, tienden a abandonar el mercado, lo que reduce la oferta y aumenta los precios, y los que continúan en el mercado, tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda.

Fedea y los economistas abogan por una verdadera política de vivienda a largo plazo, que persiga conseguir un cambio estructural del modelo, no simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo que no solucionan el problema.

También sostienen que los poderes públicos deben limitarse a intervenir para fijar unas condiciones básicas de partida que impidan el abuso de posición dominante. En su opinión, sería necesario recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables.

Asimismo, son partidarios de retirar las medidas de control de precios y racionalizar la estructura tributaria que pesa sobre la vivienda, con la finalidad de reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones.

"OKUPAS"

Otras medidas que plantean son que se debería restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de okupación y desahucio.

Respecto a la Ley del Suelo, piden que se retome el proyecto de ley, con objeto de evitar la paralización de los planes urbanísticos.

A las Administraciones les piden que asignen más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público, y que se repiense la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad.

En la apertura del acto, el presidente de los economistas, Valentín Pich, señaló que “la accesibilidad a la vivienda es un problema complejo que no se puede resolver de inmediato. Es esencial mantener una política de vivienda coherente, bien orientada y adecuadamente financiada a largo plazo”.

“Es necesario un enfoque multifacético, incluyendo ayudas al alquiler y colaboración público-privada. De entre las posibles medidas, considero que las fiscales son más efectivas que los controles de precios, ya que mientras que la última puede generar aún más escasez de oferta de alquiler y agravar el problema, la primera haría todo lo contrario, aunque con una evidente pérdida recaudatoria””, señaló Pich.

Por su parte, el director general ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, manifestó que “la escasez de vivienda se está convirtiendo en un grave problema. Para hacerle frente, hace falta una política bien diseñada que parta de la constatación de que estamos fundamentalmente ante un problema de oferta. La reciente ley de vivienda no ayuda a estimular ésta sino más bien a retraerla, reduciendo la rentabilidad y aumentando el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en alquiler. Convendría revisarla lo antes posible. El recientemente retirado proyecto de ley del suelo, sin embargo, sí podría ayudar a agilizar el incremento de la oferta, evitando la suspensión absurda de los planes urbanísticos por problemas menores. Convendría que los principales partidos buscasen un acuerdo para retomar el proyecto cuanto antes. Finalmente, habría que darle una vuelta a la regulación de los alquileres turísticos y a su fiscalidad”.