Blanco hizo esta afirmación en la Jornada sobre "Tratamientos Ambulatorios Involuntarios en Psiquiatría" organizada por la Universidad Europea de Madrid y FEAFES en donde también señaló que en la actualidad la persona con enfermedad mental grave "tiene una calidad de vida alterada, es decir, no tiene la libertad de poder equivocarse".

A este respecto, Blanco explicó que la persona con enfermedad mental, tras un ingreso hospitalario, "no es consciente de la enfermedad y queda en el más absoluto de los abandonos, por lo que es necesaria la intervención judicial para garantizar los derechos fundamentales del paciente".

Blanco dijo también, que "la situación real es que la persona con enfermedad mental no reconoce su enfermedad", algo que se incrementa con "la existencia de una situación de estigmatización notable por razón de exclusión social, vergüenza o, en algunos casos, exceso de medicación".

Además, cuando se habla de una enfermedad mental "no siempre es igual para todas las personas que lo padecen aunque lo que suele ser común a todos es que la familia es la encargada de su cuidado, generalmente en el hogar familiar".

Por ello, explicó que recogiendo la iniciativa de numerosos familiares de pacientes, en octubre de 2004 el grupo parlamentario de Convergència i Unió (CiU) presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y permitir así la posibilidad de obligar legalmente a determinado tipo de pacientes a recibir tratamiento ambulatoriamente.

El Pleno del Congreso aceptó tomar en consideración la introducción de un quinto punto en ese artículo que "en la actualidad se encuentra parada en la Comisión de Justicia". En su opinión lo que se propone es "un tratamiento ambulatorio involuntario no forzoso" que según FEAFES "podría reducir hasta un 30% los ingresos hospitalarios involuntarios".