Carlos Nicolás, portavoz de la patronal, explicó que el plan del Gobierno obliga a cambiar la medicación prescrita por el médico por otra que cuando el facultativo no la receta es que "no confía en ella".

Explicó que su organización ha presentado numerosas alegaciones al decreto, aunque ninguna ha sido tomada en consideración. Subrayó que "da la impresión de que existe un empecinamiento por parte de la Administración en este pnto, que da la impresión de que de ahí van a salir todos los ahorros y que es la panacea del sistema de salud".

Según Nicolás, el ahorro previsto con este plan es mínimo y la medida no está demasiado justificada para lo que en términos económicos se puede conseguir.

Insistió asimismo en que la iniciativa entra en colisión con otros acuerdos y medidas que ha puesto en marcha la industria farmacéutica para favorecer el gasto en medicamentos de la Seguridad Social.

"Creemos que es más una operaión de imagen que va a tener unos efectos muy negativos para muchas partes", concluyó el portavoz de la patronal.