En rueda de prensa, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, informó ue además denunciarán estos acuerdos ante los servicios de defensa de la competencia españoles y comunitarios, al entender que con esta medida se deja fuera de la receta productos registrados y autorizados.

La industria argumenta que estas medidas judiciales se adoptan porque la prescripción por principio activo no garantiza desde el punto de vista sanitario que los pacientes reciban productos bioequivalentes, ya que en el mercado español conviven productos de marca con copias permitidas hasta 1992 y on genéricos.

Insistió en que sólo los genéricos han demostrado con ensayos clínicos ser bioequivalentes; es decir, que tienen la misma efectividad y reacciones adversas que los fármacos de marca con el que comparte principio activo. El resto de los medicamentos no lo han demostrado y además cuentan con prospectos, indicaciones y efectos adversos diferentes.

Arnés añadió que la medida también es cuestionable desde el punto de vista económico, ya que choca con los principios de propiedad industria protegidos en toda Europa y puede hacer disminuir las inversiones en investigación que realiza la industria y también en las concesiones de licencias de fármacos a laboratorios nacionales.

PACTO DE ESTABILIDAD

Respecto al retoque del Pacto de Estabilidad Farmacéutico anunciado por la Administración el pasado lunes, el director general de Farmaindustria señaló que aceptarían una mejora del acuerdo, dado que han cambiado algunas circunstancias, como el cierre de las transferencias, un nuevo equipo miisterial y el cambio en el patrón del crecimiento del gasto.

Para los laboratorios, sería necesario que las Comunidades Autónomas se incorporaran a este acuerdo y que se realizara un estudio serio sobre las razones de los incrementos de la factura pública en farmacia, "dado que casi 7 puntos se deben al incremento del número de recetas y los 2 y pico restantes al crecimiento del gasto medio por receta", dijo.

En cuanto a un posible incremento de la aportación económica de la industria, Arnés recodó que el Pacto estableció la cesión de los beneficios del sector que superaran el PIB, y señaló que, si no se "contrasta" con algún otro argumento o parámetro, sería innegociable.

Recalcó que estas aportaciones eran finalistas y tenían como objetivo contribuir a la investigación de los centros públicos, "porque los recursos de salud deben retornar a la salud", apuntó.