Según el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, las medidas acordadas por el Gobierno suponen la desaparicón de la prestación farmacéutica actual, lo que hace peligrar la práctica de guardias que, hasta ahora, eran gratuitas.

Además, señala que los farmacéuticos se pueden ver obligados a cobrar las recetas, al no poder soportar el adelanto, durante dos meses, del dinero de estos medicamentos.

Los farmacéuticos valencianos critican "la incongruencia sanitaria que supone la introducción de la competencia mercantil y los descuentos en los medicamentos para el futuro lucro de las grandes superficies".

A juicio de los farmacéuticos, estas medidas van en contra del ciudadano, porque si se aplican los criterios económicos a los medicamentos, se fomenta un modelo farmacéutico que tiene como única meta ganar dinero, desterrando la vertiente social y sanitaria de la farmacia.