Según el texto del proyecto de ley, se permitirá la apertura de una farmacia en cada núcleo de población -ya sea municipio o entidad local menor, como poblados o pedanías- con menos de 2.000 habitantes.

En las localidades que sobrepasan esta cifra, se autorizará la apertura de otras farmacias por cada 2.000 habitantes. Sin embargo, en las localidades en las que exista un centro de salud se autorizará u establecimiento por cada 1.500 habitantes.

El proyecto prevé también la edad de jubilación obligatoria de los farmacéuticos a los 70 años y que su ejercicio profesional será incompatible con cualquier otro puesto público que requiera que el trabajador esté ausente del establecimiento.

La futura ley prohibirá, asimismo, que las nuevas farmacias concedidas por la Junta puedan heredarse, cederse o venderse, aunque una disposición transitoria respetará los derechos adquiridos por los farmacéuticos etablecidos con anterioridad a esta ley, que continuarán rigiéndose por el texto precedente.

El proyecto de ley ha sido elaborado por el gabinete de Juan Carlos Rodríguez Ibarra a petición de la Asamblea de Extremadura, en una moción que fue apoyada por el PSOE, Izquierda Unida y Coalición Extremeña, por lo que previsiblemente la ley será aprobada con los votos de estos grupos.

A la petición para la elaboración de esta ley, que sería pionera en nuestro país, sólo se opuso el Grupo Parlamentario Poular, que es partidario de efectuar una consulta al Consejo de Estado antes de encargar la redacción de la ley, para comprobar que el Gobierno extremeño es competente en esta materia.