Consuelo Rumí señaló que existen indicios claros de ilegalidad en el acuerdo, tanto por defectos de forma como por la posible invasión de competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación farmacéutica.

A su juicio, el acuerdo tampoco contempla medidas que permitan racionalizar el gasto farmacéutico, porque congela el marco normativo actual y el ministerio cede a la patronal de los lboratorios información sensible sobre datos de facturación de recetas.

Rumí reiteró la oposición del PSOE al pacto, que considera "claramente lesivo" para los intereses de los ciudadanos y muy favorable para la industria farmacéutica.