A juicio de esta organización profesional, el decreto ley 5/2000 va a causar el cierre de las farmacias de las zonas más desfavorecidas del país y un "serio" perjuicio para los ciudadanos, como ya ha sucedido en otros países. En Chile, tras la desrregulación vivida por el sector entraron las grandes cadenas farmacéuticas, que han abandonado amplias zonas y han encarecido a la postre e precio de los fármacos.

La media de habitantes por farmacia en Chile está en 15.000 millones de pesetas, mientras que el "modelo mediterráneo de farmacia", que España representa, hace posible que en la provincia de Valencia sólo existan dos pueblos sin farmacia, que no suman entre los dos más de 100 habitantes, y que exista uno de estos establecimientos por cada 2.000 habitantes en todo el Estado.

"Este decreto ley va a obligar a los farmacéuticos a cobrar las recetas al ciudadano y a dejar e realizar el servicio de urgencia de manera gratuita. Estas medidas que defiende el Gobierno sólo van a perjudicar a la población. La periferia y los pueblos pequeños se quedarán sin farmacia. Este decreto va a acabar con la Sanidad tal y como la conocemos, de tal manera que no será un servicio social, sino un negocio puro y duro", afirmó Salvador Ibañez, presidente del colegio.