En un comunicado, la entidad que preside Magis Iglesias hizo un llamamiento a los profesionales de la información a que muestren de esa manera su malestar "cuando se vean privados de su derecho a interpelar" en este tipo de convocatorias.

La FAPE formula esta petición "ante la tendencia creciente de partidos políticos, administraciones y otras instituciones y colectivos a realizar convocatorias donde se niega la palabra a los informadores".

Para la federación, "esto supone un intolerable ataque contra el más elemental servicio que a la sociedad prestan los periodistas, básico para que exista libertad de expresión y se acentúe la búsqueda de la verdad, principio sagrado de la profesión".

La FAPE rechaza en concreto la negativa del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a aceptar preguntas de los periodistas en una reciente comparencia ante los medios el pasado 24 de marzo en Tudela (Navarra).

Y considera que ésta es sólo una de las últimas muestras de esta "dañina práctica", repetida en ocasiones anteriores por instituciones que se deben a la ciudadanía como el Ejecutivo central (José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 19 de marzo en la Universidad de León), las Administraciones autonómicas (reciente campaña electoral en el País Vasco y Galicia), entidades bancarias, empresarios y deportistas, entre otras fuentes de información.

"Actuaciones así merecen nuestra más absoluta repulsa, por lo contradictorio de llamar a los medios de comunicación a cubrir actos o visitas de alto interés social y, sin embargo, desplegar todo tipo de obstáculos que impiden a los profesionales cumplir con su deber de servicio público", declaró Iglesias, quien alerta de que pueden llegar a confundir a la ciudadanía, al mezclar términos tan dispares como "propaganda e información".

La asamblea general de la FAPE, reunida en Sevilla el pasado 13 de marzo, decidió respaldar las denuncias ya manifestadas por numerosos periodistas, medios de comunicación y organizaciones profesionales contra esta práctica. "Los profesionales deben, en todo momento, atender su compromiso con el público, y es por esto que contraatacar preguntando protege el derecho de los ciudadanos a recibir información, frente a la pretensión de las fuentes de limitarlo de manera interesada", señaló la resolución.

La FAPE hace un llamamiento especial a las instituciones públicas para que faciliten el trabajo de los periodistas y no pongan trabas al libre ejercicio profesional.