En un comunicado, Famma señala que para lograr este reconocimiento "sería conveniente revisar esta clasificación y dotar a las entidades que agrupan al colectivo la legitimidad en este sector para representarse a sí mismas y tomar las decisiones que consideren más adecuadas a sus necesidades".

A juicio de la federación, el movimiento asociativo se encuentra mejor organizado que nunca, algo que permite reconocer y agrupar las demandas de los más de 3,5 millones de personas que conviven con esta circunstancia en España.

De este modo, indica Famma, las asociaciones pueden expresarse a través de una voz común ante la Administración pública y ante el resto de los sectores de la sociedad, basándose en las necesidades, quejas y denuncias que día a día atienden estas organizaciones.

Actuar de manera distinta y limitar las consultas a un grupo tan reducido como son los agentes sociales actualmente reconocidos, tiene como consecuencia, según esta federación, el nacimiento de normas subjetivas, que no protegen los derechos de todos, sino sólo de aquellos que han participado en el diálogo.

En este sentido, el presidente de Famma, Javier Font, subrayam que "contar con la opinión del sector de la discapacidad en este tipo de materias se convierte en algo, de alguna manera legítimo. Es decir, el tercer sector debe ser un interlocutor social, equiparable a las organizaciones actualmente reconocidas como tal".

Para FAMMA, el tercer sector debe ocupar el lugar que le corresponde en el panorama político, para que las demandas del colectivo tengan respuesta y los compromisos de los gobernantes no queden reducidos a buenas intenciones.