Famma-Cocemfe, que agrupa a 39 organizaciones, opinó en un comunicado que "la gran incógnita del Sistema Nacional de Dependencia reside en cómo se financiaciará. Aunque deja claro que los gastos se asumirán entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, la Ley no especifica la participación del propio usuario de acuerdo a su nivel de renta y patrimonio".

Por ello, consideró necesario que se concrete el modelo de financiación o el baremo que se utilizará para establecer el grado y el nivel de dependencia de cada beneficiario.

Según federación, "hay muchas lagunas sobre cuestiones fundamentales que integra y que todavía no han sido definidas". "Se sabe, por ejemplo, que será una prestación universal que dará derecho a la atención sociosanitaria a todos los ciudadanos y que se realizará mediante copago, pero se desconoce cómo se llevará a cabo concretamente dicha fórmula", añadió.

"Mientras que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirma que los criterios para acceder al nuevo sistema serán rigurosos, el interrogante sigue sin resolverse. Tanto el colectivo como los propios afectados desconocen muchos aspectos de la norma de vital importancia para acogerse a los beneficios que promete", señaló.

Por otra parte, Famma insistió en que "todavía quedan por resolverse la definición final del término dependencia y el número de personas dependientes que existen en nuestro país", así como otras cuestiones, como "si se dará al usuario la posibilidad de elegir quién le cuida", concluyó.