Según informó hoy el abogado de la familia, Emilio Rodríguez Menéndez, los resonsables municipales cometieron el delito al no suspender de sus funciones a los agentes Juan Manuel Villarejo, autor del disparo, y a Carlos Ibañez, a pesar de estar sometidos a un proceso penal, tal como establece el reglamento disciplinario de la Policía Municipal.

El artículo 76 del citado reglamento señala que, "si de la práctica de diligencias previas se presume la posible existencia de una falta cuya calificación pudiera ser grave o muy grave, se procederá a la solicitud de incoación de expediete disciplinario..."

Rodríguez Menéndez aseguró que, a pesar de que los funcionarios tienen abierto un sumario en el juzgado 39 de Madrid por un presunto delito de asesinato, el Ayuntamiento no les suspendió de funciones, "sino que manifestaron que habían hecho un acto heroico y se les dió protección", indicó el letrado.

Para el abogado de la familia, es obligatorio cumplir lo que marca el reglamento, y "hasta que el juez decrete el archivo de la causa los agentes debían ser suspendidos de funcioes".

Por ello, según el texto de la querella, cometieron el presunto delito "todas aquellas personas que están obligadas por su competencia a efectuarlo, finalizando la responsabilidad exigible en el alcalde de Madrid", ya que, según el reglamento de la Policía Municipal, es el jefe superior del Cuerpo.

"El mantenimiento de estos señores fue un acto injusto por parte de la corporación municipal, que incurrió en un delito de prevaricación", añadió Rodríguez Menéndez.

El abogado explicó que laquerella fue presentada en primer lugar contra el primer teniente de alcalde, Luis María Huete, ya que ejercía de alcalde en funciones en la fecha en que ocurrió el suceso, porque Alvarez del Manzano estaba de vacaciones y fue el que adoptó la decisión de mantener en el cargo a los dos agentes.

"Pero al volver el alcalde", continúo, "tampoco acordó la suspensión de funciones de los dos policías, dando como buena la decisión de Huete, por lo que también la hemos presentado contra él".

Los denunciates solicitan la detención y prisión provisional de los presuntos culpables o exigirles, en su caso, la fianza sobre su libertad provisional y el embargo de sus bienes, si así procede.