En concreto, acusan a Conde-Pumpido de dedicarse a obstruir de forma sistemática el normal desarrollo de las investigaciones judiciales instruidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses.

El fiscal general del Estado dijo ayer que la actuación de las autoridades estadounidenses "fue satisfactoria en función del ordenamiento jurídico de EEUU" y añadió estar de acuerdo "con la decisión de la Audiencia Nacional, que ha estimado que no existe jurisdicción" de los tribunales españoles para investigar el asesinato de Couso.

Este criterio, según el comunicado, es "absolutamente contradictorio con el que defendió el propio Conde-Pumpido en el caso Guatemala", cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

A juicio de la familia, hay que "lamentar estas afirmaciones cuando es un hecho notorio la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en la investigación judicial, incumpliendo de esta forma el Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, y sin que el Ministerio Fiscal promoviera el auxilio judicial internacional tal y como está obligado por su estatuto", denuncian.