Torres representa la acusación particular, ejercida por la la viuda del cámara de Telecinco José Couso, Dolores Jiménez, y una hermana de éste, María Isabel Couso.

El escrito afirma que en España es aplicable la IV Convención de Ginebra, relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, que fue firmada por España y por Estados Unidos de América el 12 de agosto de 1949.

Para el letrado, "debería resultar ocioso recordar que es de aplicación la IV Convención de Ginebra ñ...í que el representante del Ministerio Fiscal parece ignorar".

"Mucho más ocioso, por sabido desde los primeros cursos de la Facultad de Derecho, es recordar que un tratado internacional vigente para España, que haya entrado a formar parte del ordenamiento jurídico interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado es de aplicación exluyente respecto de cualquier otra norma española de fuente interna", añade.

Señala que, en virtud de la IV Convención de Ginebra, España tiene la obligación de "buscar a las personas acusadas y de hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, fuere cual fuere su nacionalidad".

Además, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) avala la competencia de la Audiencia Nacional para conocer "de los delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".

El abogado rechaza que el juez Santiago Pedraz no pueda tomar medidas cautelares contra los tres militares, alegando que la querella no está admitida a trámite. Además, recuerda al fiscal que el auto del juez "todavía no ha interesado la extradición de los querellados, sino su busca y captura". La extradición, señalan, sería oportunamente solicitada y tramitada una vez hecha efectiva la detención.

El letrado rechaza que el juez no pueda tomar medidas cautelares contra los tres militares norteamericanos porque la querella del "caso Couso" no está admitida a trámite.

Así, señala que el auto recurrido por el fiscal, así como otras resoluciones anteriores, "otorgan explícita o implícitamente a los acusados la condición de imputados, reconociéndoles su derecho a valerse de letrado en ejercicio".

"No se corresponde con la más elemental lógica y razonabilidad, oponerse a la adopción de las medidas necesarias para garantizar la declaración de los querellados a la presencia judicial y, a la vez, exigir el cumplimiento previo de formalidades que preceptivamente solo pueden adoptarse una vez que los acusados han sido oidos", dice el abogado.