El dirigente popular aseguró que el plan no contará con fondos suficientes ni por parte del presupuesto ni por la del sistema financiero, razón por la que, en su opinión, "lo que empezó como chapuza terminará cmo fraude".

Según Ortiz, las ayudas directas a la vivienda presupuestadas para 1992 ascienden a 100.000 millones de pesetas, de las que unos 80.000 millones están comprometidas de antemano para subsidiar intereses de créditos hipotecarios.

En consecuencia, sólo restarían 20.000 millones para el plan de vivienda. Según el PP, los fondos necesarios se elevan a 90.000 millones de pesetas anuales, a fin de cumplir el plan a razón de 115.000 viviendas anuales hasta completar las 460.000 en cuatro ejericios.

Además, serían necesarios unos recursos financieros de 800.000 millones de pesetas, previsión a todas luces irreal, en opinión del PP, porque multiplica por 3,5 los estimados para 1991.

HARAN SU POLITICA

Ortiz recordó que los objetivos del Plan de Vivienda quedan muy por debajo de las estimaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que cifra en 240.000 las necesidades anuales de viviendas de los españoles con ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofsional.

En relación a los problemas de cooperación que puedan surgir entre la Administración central y las autonómicas a la hora de aplicar el Plan de la Vivienda, advirtió que la política del PP en las comunidades donde gobierna será la presentada en las últimas elecciones regionales y municipales.

El responsable del PP afirmó que la vivienda debería ser una prioridad básica en los Presupuestos del Estado, al tiempo que reclamó una mayor celeridad en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbano.

A su juicio, la lentitud en reformar esa ley tiene paralizado el mercado de la vivienda en alquiler e impide la puesta en marcha de los fondos de inversión inmobiliaria, única iniciativa que el PP considera acertada dentro del Plan de la Vivienda.

Criticó igualmente la "incapacidad" del Ejecutivo para aplicar la Ley del Suelo, aprobada hace más de un año, de la que afirmó que "no la cumplen ni el Gobierno central, ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos".

Ortiz explicó que la altrnativa del PP se basa en considerar la vivienda habitual como "una necesidad social y no un hecho imponible, gravado actualmente con seis tributos distintos", en poner más suelo a disposición de los promotores, y en reformar la legislación de alquileres, estableciendo una duración mínima para los contratos.